Las operadoras de telecomunicaciones llevan meses preocupadas por el devenir de los concursos públicos estatales. Fuentes del sector con las que ha hablado THE OBJECTIVE, han advertido del riesgo de que Telefónica sea aún más favorecida en millonarios contratos de la administración central que salgan a licitación en los próximos meses, después de la irrupción del Estado como primer accionista de la operadora con un 10% del capital y con un representante en su consejo de administración.
En el último lustro, Telefónica ha sido una de las empresas privadas más favorecidas por concursos públicos y ayudas estatales, tanto de subvenciones regulares como la de los fondos Next Generation, debido principalmente a sus contratos en todos los ministerios, infraestructuras críticas y fondos para el despliegue de infraestructuras digitales. No hay dudas de que es la operadora que, por tamaño y recursos, mejor puede cubrir las necesidades de la administración central, pero siempre ha existido un reparto proporcional de los contratos que ha dejado a sus competidores con partes relevantes de la tarta pública.
Sin embargo, en el resto de sus competidores existe ahora el temor de que el Estado sea más proclive a favorecerlos en estos procedimientos, por encima de MasOrange, Vodafone o Digi. Incluso, indican que en las últimas semanas se han detectado cambios en los requisitos de algunos concursos, para adaptarlos a las prestaciones que puede ofrecer Movistar, algo que -advierten- puede generar distorsión en la competencia del sector.
Irrupción de MasOrange
Las fuentes consultadas advierten de que Telefónica ha sido el gran favorecido en el pasado, en parte también por su condición de operador dominante (con categoría de incumbente), pero que la realidad actual es muy diferente tras la fusión de Orange con MásMóvil. Ahora MasOrange tiene más clientes, tanto en móviles como en fijo, y con una infraestructura de red de fibra óptica equivalente a la de la dueña de Movistar y similar en red móvil. Argumentos que en futuros concursos públicos les ponen al menos al mismo nivel de prestaciones.
Este diario ya ha advertido que en un escenario de hipercompetitividad con los usuarios residenciales migrando hacia ofertas de bajo coste, las grandes operadoras buscan fidelizar los usuarios en el segmento mayorista y de empresas, donde los contratos públicos son una parte muy importante del pastel. Si el Gobierno favorece a Telefónica -en su condición de empresa participada por la SEPI- decantaría de manera definitiva la balanza del lado de la operadora de origen español.
En el punto de mira está el megacontrato de las operadoras de telecomunicaciones que esta semana anunció el Estado. Se ha lanzado el concurso por 400 millones de euros, un 67% más que en 2029, para las comunicaciones móviles, fijas e internet de más de 85 entidades ministeriales y organismos públicos independientes. La mejora del precio está relacionada con que en este ciclo se incluyen más prestaciones, entidades y nuevos servicios como los centros de datos.
Gana Telefónica
En 2019, el contrato se adjudicó por 184 millones en total, de los que 134 millones fueron a parar a Telefónica tras quedarse con las comunicaciones fijas y de internet; otros 10,3 millones llegaron a Vodafone, que gracias a su recién lanzado 5% se adjudicó las comunicaciones móviles; mientras que British Telecom (BT) se adjudicó las comunicaciones internacionales por 40 millones. La novedad respecto de 2015 fue que Vodafone arrebató los móviles a Telefónica.
Ahora, con MasOrange a pleno rendimiento, lo normal es que la operadora discuta a Telefónica el contrato de fijo e internet, el más cuantioso, y que otras compañías ajenas a las grandes operadoras intenten quedarse con la nueva parte de los centros de datos. En este punto, las fuentes consultadas advierten que la resolución de este contrato será un buen termómetro para comprobar si es que finalmente el Estado se decanta por favorecer -por encima de criterios técnicos y ofertas más bajas- a la operadora de la que es su principal accionista.
Otro ejemplo en la adjudicación de concursos públicos a Telefónica es la ciberseguridad. Un informe reciente de AdjudicacionesTIC indica que la compañía obtuvo en 2023 contratos por valor de 81 millones, el 27% del total de 297 millones que se gastó en ciberseguridad el conjunto de las Administraciones públicas. Le sigue Indra, otra empresa de la que la SEPI es accionista mayoritario con el 29%, con 23 millones.
Ayudas estatales
En el apartado de las subvenciones, Telefónica fue la operadora más favorecida de la primera adjudicación del programa ÚNICO Activas para llevar 5G al mundo rural. La operadora se adjudicó 298 millones de euros y una asignación de 4.123 emplazamientos; Orange España superó los 115 millones para habilitar 1.505 torres; Vodafone España se quedó con 66 millones y 1.220; y la UTE Avatel-Xfera recibió 28 millones para 482 estaciones.
Telefónica fue el gran favorecido por contar con menos exposición a infraestructuras potencialmente de alto riesgo como de Huawei, que sí estaban mayoritariamente presentes en Orange y Vodafone. La normativa de adjudicación advertía que si es que se designaba a un proveedor de alto riesgo, las empresas que usasen sus redes deban sustituirlas con el consiguiente coste económico que deberán asumir en solitario.
En cuanto al montante global de ayudas públicas, Telefónica recibió 536,6 millones entre 2017 y 2022, según los datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. La operadora se ha mantenido en el último lustro entre los diez primeros beneficiarios (y durante tres años entre los tres primeros) gracias al impulso del Gobierno al despliegue de fibra óptica. En 2023, se convirtió en el beneficiado número trece, pero en la cuarta empresa (si no se incluyen administraciones o universidades) con 174,1 millones de euros.