Vodafone España ha presentado este miércoles un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, cerca de un 36,7% de su actual plantilla compuesta por unas 3.400 personas. El objetivo de la compañía en manos del fondo Zegona -y bajo la dirección de José Miguel García- desde hace dos semanas es «garantizar la viabilidad y la competitividad del negocio a futuro».
Zegona compró Vodafone España por 5.000 millones de euros, atribuido a deuda, y de los que 900 millones fueron prestados por la propia matriz de Vodafone en Reino Unido. Desde su irrupción a finales de octubre del año pasado, el fondo nunca ocultó la necesidad de hacer un fuerte ajuste de costes laborales en la compañía, los que calificó de sobredimensionados y muy por encima de la mayoría del sector de las telecomunicaciones en Europa.
Vodafone continúa así con un año negro para el mercado laboral de las operadoras de telecomunicaciones. Primero fue Telefónica la que realizó un ERE en diciembre que se cobró la salida de 3.400 personas en España. Posteriormente, Avatel (la quinta operadora por volumen de negocio) buscaba la salida de 849 personas, un 45% de su actual plantilla, pero tras las últimas negociaciones el expediente se redujo finalmente a 674.
Despidos en el sector
Todas las miradas se sitúan ahora en MasOrange, la compañía que hace dos meses ha integrado a Orange y MásMóvil y que ha indicado que deben ajustar costes, aunque han rechazado en varias ocasiones que vayan a realizar un ERE. Los sindicatos cifran el número actual de empleos en el sector de las telecomunicaciones en menos de 50.000 personas, desde los 86.000 contratados a comienzos de siglo, un 42% de reducción tras ejecutar 36.000 despidos.
Por su parte, Vodafone ha informado a la representación de los trabajadores del inicio de un procedimiento de despido colectivo y les ha convocado para iniciar el periodo de consultas, a partir de que se constituya la mesa tendrán un mes de plazo para llegar a un acuerdo. La nueva dirección -que hace solo un mes recibió el plácet del Gobierno para tomar el control– indica que estos recortes surgen desde el convencimiento de que «es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro».
«La decisión de iniciar este procedimiento se debe a razones económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial. La compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8 % y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años», dice la Zegona. También han perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.
Razones de Vodafone
Y continúan indicando que también se debe a la necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad. «El plan industrial de Zegona se sustenta sobre un nuevo modelo organizativo que ayude a garantizar la viabilidad del negocio», concluyen.
Lo cierto es que la inestabilidad laboral ha sido una constante para la compañía en los últimos 20 años. Sucesivamente han realizado distintos procesos de reducción de plantilla en 2002, 2008, 2013, 2015, 2019 y 2021. En este periodo la plantilla se ha reducido en 6.200 personas y desde 2013 en unos 3.600. Es decir, a comienzos del milenio trabajaban en Vodafone España unos 10.000 profesionales y ahora son menos de 4.000, 3.300 después de la venta a Zegona en la que parte de la plantilla se quedó en el hub de innovación de Málaga, a cargo de Vodafone Reino Unido.
En el último ERE del año 2021 salieron 442 personas, una afectación del 10%. Los despedidos salieron con 50 días por año trabajado y 6.000 euros lineales para los salarios fijo bruto igual o inferior a 30.000 euros anuales. El tope de la indemnización se fijó en 33 mensualidades. También se abrió un proceso de indemnizaciones, a las que pudieron acogerse los trabajadores con más de 55 años o que alcanzaran esa edad antes de que finalizara 2022 y se les pagó el 85% del salario fijo más un 50% del variable.